REFORMAS ESTRUCTURALES

Desde hace varios años se ha venido discutiendo sobre la necesidad de una reforma laboral estructural en Colombia con el fin de flexibilizar el mercado laboral, con el objetivo de eliminar las rigideces de carácter legal que desafortunadamente se han convertido en una barrera para el empleo formal.

En la actualidad estamos viviendo un hecho sin precedentes con el Covid-19, con sus respectivas implicaciones como la incertidumbre de no saber a ciencia cierta su duración y los métodos más efectivos para enfrentar la pandemia. En este sentido, es necesario reconocer el gran esfuerzo realizado por el Gobierno Nacional para afrontar una crisis de grandes magnitudes, así como el trabajo de los gremios y empresarios que, pese a estar navegando en aguas desconocidas, han dado los mejor de sí para encontrar la salida a esta problemática.

Sin embargo, a pesar de la gravedad de la situación, han surgido propuestas supremamente inconvenientes desde el Congreso como rentas básicas universales, eliminación de los registros de las centrales de riesgo, incrementos del salario mínimo por encima de la inflación y recientemente la reducción de la jornada laboral. Este tipo de propuestas son inconvenientes de acuerdo con la realidad actual, dado que el margen fiscal del Gobierno es bastante escaso y el tejido empresarial está pasando por un momento difícil; ante este tipo de medidas, sin duda alguna, los empresarios serían los más afectados, lo cual tendrá efectos directos sobre el mercado laboral en términos de la generación de empleo, formalidad laboral y generación de riqueza.

Este proyecto de Ley que tiene como propósito disminuir la jornada laboral, es un tema bastante sensible al igual que la discusión sobre el salario mínimo, remarcando que en Colombia la informalidad laboral representa cerca del 55% de la fuerza laboral y este tipo de medidas infortunadamente generan rigideces en el mercado laboral, que impiden la creación del empleo formal como por ejemplo cuando hay incrementos desmesurados en el salario mínimo sin tener en consideración el componente de la productividad laboral y la productividad total de los factores.

La reducción de la jornada laboral implica necesariamente costos más altos y por ende más rigideces a un mercado laboral demasiado complejo como el colombiano. De esa forma, dicha reducción se traduce en salarios más altos sin sustentos en el incremento de la productividad y por esa vía, podríamos suponer efectos negativos en los niveles de ocupación. Sobre estas ideas, sería de esperarse que la reactivación del mercado laboral debería suponer mayor flexibilidad de este; sin embargo, este proyecto realmente implica más trabas y dificultades para los empleadores.

Reducción de la jornada laboral.

La reducción de la jornada laboral en Colombia tendría un gran efecto sobre el mercado laboral del país. Por ejemplo, al realizar un simple ejercicio descriptivo a nivel de las 23 cabeceras municipales, se puede afirmar que cerca de 8,5 millones de trabajadores, trabajan más de 40 horas a la semana.

Gráfica 1. Proporción de ocupados que trabajan más y menos de 40 horas a la semana 23 cabeceras municipales enero a octubre 2020.

Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en GEIH-DANE

De acuerdo con la información anterior las ciudades más afectadas serían: Pereira, en donde cerca de un 88,86% de los ocupados trabaja más de 40 horas a la semana, en un segundo orden Neiva (86,57%); Bogotá (86,39%); y Medellín (85,21%).

Por otra parte, al realizar una estimación por grandes ramas de la actividad económica para las 23 cabeceras municipales y Manizales AM, los datos son contundentes en el sentido en que en las principales actividades económicas predominan los trabajadores que laboran más de 40 horas a la semana, como por ejemplo la industria manufacturera, la construcción y el sector comercio. En la tabla 1 se puede observar con mayor detalle la información.

Tabla 1. Proporción de ocupados que trabajan más de 40 horas semanales, 23 cabeceras y Manizales AM por grandes ramas de la actividad económica enero a octubre 2020.

Actividad 23 cabeceras Manizales
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 81,53 81,54
Explotación de minas y canteras 96,11 93,90
Industrias manufactureras 89,17 92,30
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 98,34 100,00
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental 74,94 87,63
Construcción 91,78 92,80
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 80,97 81,10
Transporte y almacenamiento 89,20 87,46
Alojamiento y servicios de comida 68,43 67,49
Información y comunicaciones 91,82 90,35
Actividades financieras y de seguros 94,69 92,34
Actividades inmobiliarias 91,90 87,68
Actividades profesionales, científicas y técnicas 84,57 82,97
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 76,28 83,98
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 97,16 97,00
Educación 74,20 68,28
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 88,83 92,37
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 74,07 74,97
Otras actividades de servicios 67,32 64,27
Actividades de los hogares en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio 71,78 68,37
Entidades extraterritoriales 99,87

Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en GEIH-DANE

Panorama ante la pandemia del Covid-19

La crisis derivada del Covid-19 tiene un carácter universal, nos afecta a todos sin ningún tipo de distinción, tiene incidencia en los trabajadores y los empleadores, las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, los sectores urbano y rural, los ricos y los pobres, los países desarrollados y los que están en vía de desarrollo, los trabajadores formales y los informales. En efecto esta crisis afectará gravemente las finanzas del Gobierno Nacional que ha hecho muchos esfuerzos para proveer los recursos necesarios para la atención de la emergencia; sin embargo, las medidas de choque se convertirán en una especie de cuenta de cobro para los próximos años.

Volver a la normalidad pre Covid-19 va a ser difícil y será una cuestión de varios años, situación que puede ser peor si no se hacen las reformas necesarias. Particularmente el mercado laboral debe ser concebido de acuerdo con las nuevas realidades, desafortunadamente la normatividad vigente no es la apropiada para este momento de crisis, si bien las intenciones las leyes son buenas, su efecto es contradictorio porque condena a muchos empleados a la informalidad.

Si no se hace una reforma laboral estructural las tasas de desempleo e informalidad pueden seguir iguales e incluso incrementarse por el efecto Covid-19. Es necesario analizar una posible flexibilización del mercado laboral en Colombia, se deben buscar soluciones de fondo para aquellas personas que se encuentran desempleadas o en la informalidad, de los cerca de 23 millones de ocupados tan solo unos 10 millones son formales. En Colombia hay grandes incentivos para la informalidad, como una alta carga tributaria y prestacional, razón por la cual se debe actualizar el sistema laboral de acuerdo con la evolución tecnológica y los cambios organizacionales, pero manteniendo un equilibrio en los aspectos relacionados con un empleo digno.

Se deben promover políticas activas de empleo, en el sentido en que es indispensable repensar el trabajo del futuro, los trabajos repetitivos tienden a desaparecer por la automatización y la inteligencia artificial, esto plantea un gran desafío, porque es necesario brindarles las herramientas necesarias a los trabajadores para garantizar una mejor inserción en el mercado laboral del siglo XXI. De igual forma, se debe abrir un espacio para discutir sobre la calidad y la pertinencia de la educación en función de las capacidades y habilidades que demanda el mundo laboral contemporáneo y futuro.

El aislamiento preventivo ha dejado al descubierto la fragilidad de la sociedad colombiana, en especial la vulnerabilidad cuyos orígenes se deben en gran medida a problemas estructurales que infortunadamente se han arraigado durante muchos años como la informalidad de la economía y la redistribución de la riqueza. En efecto estas problemáticas tienden a profundizarse con el Covid-19 y la cuarta revolución industrial, porque si las personas no cuentan con la capacidad de adquirir las nuevas habilidades (digitales, soft skills y capacidad de análisis) necesarias para incursionar en nuevas modalidades de negocio como es el caso de la economía colaborativa, la cual permite conectar la oferta con la demanda corrigiendo los fallos de mercado asociados con información asimétrica. Sin embargo, esta clase de modalidades tienen grandes desafíos como la calidad del empleo y las relaciones laborales. Se requiere una normativa acorde en materia laboral con el fin garantizar el equilibrio con los tres pilares inherentes a un empleo digno y de calidad como lo es garantizar la seguridad en el ingreso, estabilidad laboral y seguridad social.

La productividad total de los factores (PTF) y la productividad laboral, son unos de los grandes desafíos de la economía colombiana para mejorar el crecimiento y el desarrollo económico. Para mejorar los niveles de productividad es fundamental revisar la pertinencia de la formación para el trabajo, es indispensable revisar la clase de educación recibida por los niños y jóvenes en pro del aparato productivo. En este sentido, es primordial una reforma estructural del sistema educativo a nivel de educación básica, media y superior, los resultados en las pruebas para medir la calidad de la educación no son para nada positivos y dejan en evidencia las falencias de los profesionales de la educación. Una mejora en la calidad del sistema educativo podría desencadenar un círculo virtuoso en términos de contar con un capital humano con mejor formación y con capacidades más pertinentes de acuerdo con las necesidades y habilidades que demanda el siglo XXI.

La crisis que vivimos en la actualidad puede verse como una oportunidad para realizar las reformas estructurales necesarias para la transformación del país con el fin de implementar las transformaciones de fondo necesarias para salir triunfadores ante este gran desafío.

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